El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, declaró "cero tolerancia" ante la presencia de civiles armados en Torreón, luego de que se documentaran operativos en los que grupos criminales reclutan y organizan a pobladores para labores de control territorial en la capital de La Laguna coahuilense.
El origen de la declaración
La postura del gobernador surge en respuesta a evidencias de que organizaciones con estructura paramilitar están armando y organizando a civiles en Torreón para ejercer control sobre calles, colonias y rutas de distribución. Esta dinámica no es exclusiva del municipio, pero su documentación reciente encendió las alarmas del gobierno estatal.
El fenómeno pone en entredicho uno de los principios más básicos del Estado moderno: el monopolio legítimo de la violencia. Cuando civiles armados operan con aparente libertad en zonas urbanas, la autoridad estatal enfrenta una fragmentación de su control territorial que va más allá de un problema de percepción pública.
Una jugada política calculada
La declaración de "cero tolerancia" cumple, ante todo, una función comunicacional. Para el gobierno estatal representa una manera de proyectar firmeza frente a la opinión pública en un momento en que crecen las críticas sobre debilidad institucional frente al crimen organizado.
Al mismo tiempo, el mensaje busca operar como advertencia directa hacia las organizaciones criminales: la postura oficial es que no habrá negociación ni tolerancia hacia estructuras paramilitares civiles, sin importar su origen o el grupo al que respondan.
No vamos a permitir que ningún grupo, por más armado o financiado que esté, sustituya la autoridad del Estado en las calles de Coahuila.
Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
Los obstáculos para cumplirla
Entre el enunciado político y su ejecución real existe una distancia considerable. Los cuerpos de seguridad estatales y municipales frecuentemente operan con recursos limitados, entrenamiento insuficiente y capacidades de inteligencia operativa que no están a la altura de la sofisticación de los grupos criminales que buscan combatir.
A esto se suma un problema estructural de larga data: la infiltración criminal en corporaciones policiales municipales y estatales, que no solo entorpece la ejecución de políticas de seguridad, sino que en muchos casos las vuelve contraproducentes o directamente inoperantes.
- Capacidades institucionales limitadas: falta de recursos, entrenamiento e inteligencia operativa en los cuerpos de seguridad
- Corrupción sistémica: infiltración criminal en policías municipales y estatales
- Fragmentación criminal: coexistencia de múltiples organizaciones con lógicas distintas de disputa territorial
Torreón, punto estratégico en disputa
Coahuila atraviesa una guerra de territorios en la que Torreón funciona como punto estratégico de distribución y tránsito de drogas. Esta posición geográfica explica por qué distintas organizaciones —entre ellas el Cártel del Noreste y disidencias del Cártel de Sinaloa— disputan el control de la ciudad.
La militarización de civiles observada en la capital lagunera puede leerse como un intento de estos grupos por ejercer una especie de contrainsurgencia frente al Estado, reforzando su presencia territorial mediante el reclutamiento de población local en lugar de depender únicamente de estructuras criminales tradicionales.
Gobiernos anteriores en el estado ya enfrentaron dilemas similares, con resultados mixtos que sugieren que ninguna estrategia de mano dura, por sí sola, ha logrado desarticular de forma sostenida estas dinámicas.
Lo que hay que saber
- Ubicación
Torreón es la capital de La Laguna y punto clave de distribución de drogas en Coahuila.
- Grupos en disputa
El Cártel del Noreste y disidencias del Cártel de Sinaloa mantienen presencia simultánea en la región.
- Fenómeno detectado
Reclutamiento y armamento de civiles por parte de grupos criminales para labores de control territorial.
¿Enunciado o realidad operativa?
La "cero tolerancia" anunciada por el gobierno de Coahuila representa, por ahora, más un enunciado de política pública que una realidad operacional comprobada en las calles de Torreón. Su efectividad real dependerá de factores que trascienden por completo el discurso político.
Entre esos factores destacan reformas institucionales profundas en los cuerpos de seguridad, un combate genuino a la corrupción interna y una coordinación efectiva con las autoridades federales. Sin estos tres elementos, advierten analistas, la declaración corre el riesgo de sumarse a la larga lista de promesas de seguridad que no logran traducirse en cambios sostenidos sobre el terreno.
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