México se organiza como una república federal, democrática, representativa y laica, integrada por tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— y tres poderes clásicos —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, un esquema que en los últimos dos años sufrió su transformación más profunda en décadas: la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, un modelo que ningún otro país en el mundo aplica de esta manera.3
Tres niveles de gobierno
La Constitución establece que el poder público se ejerce en tres ámbitos interconectados: el federal, el estatal y el municipal, cada uno con competencias propias pero coordinadas entre sí para garantizar la gobernabilidad del país. El sistema federal mexicano está integrado por 31 estados y la Ciudad de México, que goza de autonomía en su régimen interior y su organización política y administrativa, con poderes locales depositados en un jefe de Gobierno, un Congreso local y un Tribunal Superior de Justicia.2
En cada entidad federativa, la organización replica el modelo nacional: el Poder Legislativo recae en un Congreso unicameral, el Ejecutivo en un gobernador o gobernadora, y el Judicial en un Tribunal Superior de Justicia estatal.2 A nivel municipal, el gobierno recae en ayuntamientos, mientras que en la capital del país las demarcaciones territoriales tienen facultades ejecutivas similares a las de un municipio, pero sin las atribuciones legislativas de un cabildo.
Lo que hay que saber
- Forma de gobierno
México es una república representativa, democrática, federal y laica según su Constitución.
- Entidades federativas
El país está integrado por 31 estados y la Ciudad de México.
- Partidos con registro
En 2026 había siete partidos políticos nacionales registrados ante el INE: PAN, PRI, PT, Verde, Movimiento Ciudadano, Morena, Somos y PAZ.
El Congreso de la Unión y el Poder Legislativo
El Poder Legislativo federal se deposita en el Congreso de la Unión, integrado por dos cámaras. La Cámara de Diputados se renueva cada tres años y se compone de 300 legisladores electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional.3 El Senado, por su parte, se integra con 64 escaños de mayoría relativa, 32 de primera minoría —asignados al partido que queda en segundo lugar en cada entidad— y 32 de representación proporcional. En cada estado, el Poder Legislativo local se concentra en un Congreso de cámara única, es decir, en los diputados locales.4
La reforma que cambió al Poder Judicial
El esquema tradicional de los tres poderes tuvo un giro histórico el 15 de septiembre de 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó una reforma constitucional que modificó de fondo la estructura, administración y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.7 El cambio central: ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales y de varias entidades dejaron de ser designados por mecanismos tradicionales para ser electos directamente por voto popular.
El 1 de junio de 2025, México vivió la primera jornada en la que trece millones de ciudadanos eligieron directamente a 2,681 juzgadores del Poder Judicial federal y estatal, un ejercicio sin precedente internacional que convirtió al país en el único que somete a votación simultánea, en una sola jornada, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces locales.7 Los nuevos juzgadores tomaron protesta el 1 de septiembre de 2025.9
El proceso no estuvo exento de controversia: la participación en la jornada electoral judicial fue de entre 12.57% y 13.32% de la lista nominal, cifra que abrió un debate sobre la legitimidad democrática del ejercicio.5 Mientras el gobierno y Morena defienden que la reforma democratiza la justicia y combate la corrupción y el nepotismo, sectores empresariales, organizaciones civiles, partidos de oposición y académicos advierten riesgos para la independencia judicial y la división de poderes.
El nuevo Poder Judicial tiene el gran reto y la oportunidad de contribuir a la construcción de un México más democrático, siendo autónomo, profesional y asumiendo un papel fundamental de contrapeso.
José Medina Mora, expresidente nacional de Coparmex
Una segunda reforma en 2026
El debate sobre el nuevo modelo judicial no terminó con la primera elección. El 2 de junio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales en materia judicial, impulsado por la Presidencia para, según el propio Ejecutivo, precisar reglas y tiempos del proceso comicial sin sustituir la reforma original de 2024, sino "profundizarla".8
Entre los ajustes más relevantes, la reforma pospone de 2027 a 2028 la elección de los cargos judiciales federales y locales que no se renovaron en 2025, y establece que la próxima jornada judicial federal y local coincidirá el primer domingo de junio de 2028.10 También se mantienen los tres comités de selección —del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial— que, mediante tómbola, depurarán las listas de aspirantes hasta dejar dos candidaturas por cargo, un hombre y una mujer.8 Además, se autoriza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcione en Pleno o, con aprobación de este, en dos secciones.
- Se pospone de 2027 a 2028 la elección de los cargos judiciales pendientes.
- La jornada judicial federal y local coincidirá el primer domingo de junio de 2028.
- Se mantienen los tres comités de selección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
- La Suprema Corte podrá funcionar en Pleno o en dos secciones.
Voces críticas y contexto político
Analistas señalan que el debilitamiento de los contrapesos institucionales —el Poder Judicial reformado, el juicio de amparo limitado y organismos autónomos reducidos— representa un factor de riesgo para la certeza jurídica y la inversión privada en el país.5 Con las elecciones intermedias de 2027 en el horizonte, 2026 se perfila como un año preelectoral en el que el balance de estas reformas y la reconstrucción de la oposición marcarán buena parte de la conversación pública.
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