El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, tras 112 días de licencia y en medio de una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, ha desatado un intenso debate jurídico y político. En su columna publicada en El Universal, la analista Mónica Güicho sostiene que aunque la ley pueda explicar el retorno del mandatario, eso no basta para legitimarlo democráticamente ante la sociedad.1
El argumento de fondo
Güicho plantea que el caso sinaloense trasciende a una sola figura política. En su columna afirma que México enfrenta en Sinaloa una pregunta que trasciende a un gobernador, a un partido y a un estado: ¿basta la legalidad para legitimar el ejercicio del poder?1
La autora sostiene que existen regresos al poder que, aunque encuentren una puerta abierta en la ley, terminan produciendo una fractura democrática, y coloca el caso de Rocha Moya como ejemplo central de esa tesis.1 Para ilustrar su argumento, recurre incluso a una referencia histórica: compara la situación con el regreso de Napoleón desde la isla de Elba, cuando el emperador francés creyó que recuperar el poder equivalía a recuperar todo lo que había perdido.
Mi posición es clara: la legalidad puede explicar jurídicamente el regreso del gobernador; no basta para justificarlo democráticamente.
Mónica Güicho, columnista de El Universal
112 días de licencia con investigaciones abiertas
El punto de partida del análisis es un hecho concreto: Rocha Moya solicitó licencia como gobernador constitucional de Sinaloa el 1 de mayo de 2026 para separarse del cargo en medio de investigaciones que comprometían tanto su situación personal como la confianza en el gobierno que encabezaba.1 Ciento doce días después, y con esas investigaciones todavía abiertas, decidió retomar el cargo.
Según Güicho, la primera tentación de cualquier jurista es buscar de inmediato la norma que permita o prohíba ese regreso, pero advierte que sería un error detenerse ahí, porque una Constitución no es solo un catálogo de competencias, sino ante todo un sistema de límites al poder.1
Lo que hay que saber
- La licencia
Rocha Moya pidió licencia el 1 de mayo de 2026 ante el Congreso de Sinaloa tras ser acusado por Estados Unidos.
- El regreso
Retomó el cargo el 21 de agosto de 2026, tras 112 días separado del gobierno estatal.
- La acusación en EU
El Departamento de Justicia lo señaló, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por conspiración para importar narcóticos y otros delitos.
El contexto que rodea el regreso
El retorno de Rocha Moya se dio el mismo viernes en que el gobierno mexicano trasladaba al penal del Altiplano al contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado por huachicol fiscal, luego de ser expulsado de Argentina.2 Al anunciar su regreso, el propio gobernador aseguró que vuelve "con la frente limpia y en alto" y sostuvo que es su deber cumplir con el mandato de los sinaloenses que lo eligieron para gobernar hasta el 31 de octubre de 2027.3
La dirigencia nacional de Morena señaló que no tuvo conocimiento previo de la decisión personal de Rocha Moya y aclaró que el partido respetó su determinación, subrayando que su regreso correspondió a una decisión individual dentro del marco de la legalidad.3
Mientras tanto, la oposición ha cuestionado el momento elegido para el retorno. Legisladores del PRI y del PAN, entre ellos Alejandro Moreno, Rubén Moreira, Manuel Añorve, Kenia López Rabadán, Ricardo Anaya, Jorge Romero y Damián Zepeda, sostienen que el gobernador teme una posible extradición y que optó por refugiarse en el fuero que le otorga el cargo.2
La disputa diplomática de fondo
El caso se originó el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra Rocha Moya y otros diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el presidente municipal de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, requeridos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.4
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido en distintas ocasiones que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para sustentar una solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador sinaloense.5 En julio, el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, advirtió que el país sí extraditaría a Rocha Moya si se presentaban pruebas suficientes en su contra.6
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