El término "Ley Mordaza" volvió a instalarse en el debate público mexicano tras la consulta sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, impulsados por el Gobierno federal como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El episodio se suma a una larga lista de intentos legislativos —en Sinaloa, Colima y el propio Quintana Roo— que bajo el argumento de proteger a víctimas o audiencias han terminado señalados como mecanismos de control sobre la prensa.
Los antecedentes que marcan la discusión
El uso de la etiqueta "Ley Mordaza" no es nuevo en México. En 2014, el Congreso de Sinaloa reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría para impedir que periodistas, principalmente gráficos, entraran a escenas de crimen y tomaran fotos o videos sin esperar autorización de la Comisión de Derechos Humanos o la propia procuraduría, según recordó una columna publicada por El Heraldo de México Quintana Roo1. Ante la polémica que generó, esa reforma terminó siendo derogada.
Un patrón similar ocurrió en Colima, donde se aprobaron artículos que castigaban penalmente a quienes difundieran imágenes, videos o audios de víctimas de un delito. Las protestas del gremio periodístico llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó la derogación de esos artículos1.
El intento en Quintana Roo
Quintana Roo vivió su propio capítulo de esta historia meses atrás. En marzo, diputados locales afines a Morena presentaron una iniciativa para reformar el Código Civil estatal y sancionar el uso de imágenes personales con fines de difusión o comercialización sin autorización, impulsada por el morenista Ricardo Velazco Rodríguez, el petista Hugo Alday Nieto y la verdecista María José Osorio Rosas2. La propuesta contemplaba la adición de seis nuevos artículos relacionados con el uso de la imagen personal3.
La Barra de Abogados de Quintana Roo advirtió que, aunque la intención declarada era proteger la privacidad, la redacción ambigua del proyecto abría la puerta a que la interpretación judicial inhibiera el ejercicio periodístico3. Ante el reclamo de reporteros y organizaciones civiles, Osorio Rosas terminó presentando el desistimiento de la reforma ante la oficialía de partes del Congreso local4.
Me equivoqué y no la socializamos con ustedes (prensa), pero en mi perspectiva, no va para ustedes
María José Osorio Rosas, diputada del Partido Verde en Quintana Roo
El debate se traslada al plano federal
El episodio quintanarroense es apenas una muestra local de una discusión que hoy se libra a escala nacional. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió del 27 de julio al 21 de agosto una consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión5.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó su preocupación por el proyecto, al considerar que contiene disposiciones ambiguas que podrían dar margen a la discrecionalidad gubernamental y un esquema de sanciones que, según la organización, excedería lo previsto en la ley6. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que la propia CIRT participó en la elaboración de la legislación y estuvo de acuerdo con el texto aprobado por el Congreso7, y remarcó que el Gobierno no podrá sancionar contenidos.
Defendemos los derechos de la gente, de la ciudadanía, a través de un esquema muy sencillo
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Lo que hay que saber
- Consulta pública
Corrió del 27 de julio al 21 de agosto en el portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
- Antecedente en Quintana Roo
La iniciativa local sobre imagen personal fue retirada en marzo tras presión de periodistas y de la Barra de Abogados del estado.
- Postura de la CIRT
La cámara que agrupa a radiodifusoras aceptó finalmente los lineamientos y descartó promover amparos, según reportó Sheinbaum.
Una discusión que no se cierra
Pese a los acercamientos entre el Gobierno federal y la industria, la columna de El Heraldo de México Quintana Roo advierte que persiste una preocupación de fondo: que el Estado termine erigiéndose como "dueño de la verdad" y con ello vulnere el derecho a la libertad de prensa1. En Quintana Roo, la dirigencia estatal del PRI también se sumó a las críticas contra este tipo de propuestas, al señalar que las nuevas reglas permitirían al Gobierno intervenir en los contenidos que difunden los medios de comunicación8.
El debate, lejos de agotarse, sigue abierto tanto en el Congreso de Quintana Roo como en el ámbito federal, donde organizaciones civiles, periodistas y legisladores continúan disputando los límites entre la protección de derechos y la posible censura.
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