El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, fijó una postura de "cero tolerancia" hacia la presencia de civiles armados en el estado, luego de que operativos coordinados de seguridad se realizaran en Torreón contra grupos que operan al margen de la ley, ya sea bajo la figura de autodefensas, paramilitares o células armadas organizadas.
El contexto operativo
La postura del gobernador marca una línea clara frente a la presencia de civiles armados en Coahuila, expresada a través de operativos coordinados que han tenido a Torreón como principal escenario de acción. La declaración de "cero tolerancia" representa una escalada en la estrategia de seguridad estatal frente a grupos de autodefensa, paramilitares o civiles organizados con armamento.
Este endurecimiento discursivo no ocurre de manera aislada: responde a un contexto regional en el que La Laguna ha sido históricamente escenario de disputas territoriales entre grupos criminales, y donde en distintos momentos han surgido expresiones de autodefensa comunitaria como respuesta a la violencia.
Lectura política de la postura
La declaración de cero tolerancia busca proyectar autoridad estatal sobre el monopolio legítimo de la violencia, un principio que en distintas regiones del país ha sido cuestionado por la proliferación de grupos armados no estatales. Al mismo tiempo, responde a presiones federales sobre los gobiernos locales para que demuestren control territorial efectivo.
La postura también puede leerse como un distanciamiento tácito respecto a administraciones anteriores que, según distintos análisis, mostraron mayor permisividad o ambigüedad frente a la existencia de estos grupos en el territorio coahuilense.
No vamos a permitir civiles armados en Coahuila, sea cual sea el pretexto con el que se organicen.
Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
La dimensión operativa en Torreón
Los operativos realizados en Torreón contra civiles armados sugieren un despliegue de fuerzas de seguridad estatal coordinadas, orientado a identificar células o grupos específicos que operan en la región. Estas acciones también apuntan a un intento de desescalar conflictos territoriales que han persistido en la zona de La Laguna.
- Movilización de fuerzas de seguridad estatal coordinadas en Torreón
- Identificación de células o grupos armados específicos en la región
- Acciones orientadas a desescalar conflictos territoriales previos
Los desafíos por resolver
La implementación de esta política enfrenta al menos tres nudos críticos que aún no tienen respuesta clara desde el gobierno estatal. El primero es de orden legal: cómo se define y distingue, en la práctica, entre autodefensa, milicia y criminalidad organizada, categorías que a menudo se traslapan sobre el terreno.
El segundo desafío es de capacidad institucional: si Coahuila cuenta con los recursos humanos, financieros y logísticos suficientes para sostener operativos continuos más allá de un anuncio puntual. El tercero es de legitimidad social, pues persiste la duda sobre cómo responderán las comunidades que históricamente recurrieron a la autodefensa como mecanismo de protección ante la ausencia del Estado.
Los tres nudos de la política
- Claridad legal
No hay una definición operativa clara que distinga autodefensa, milicia y criminalidad organizada.
- Capacidad institucional
Persiste la duda sobre si Coahuila tiene recursos suficientes para sostener operativos de forma continua.
- Legitimidad social
Comunidades que históricamente recurrieron a la autodefensa podrían resistir la política de desarme.
Presión federal sobre los estados
Esta política estatal se alinea con la presión que la SEDENA y la Guardia Nacional han ejercido sobre las entidades locales para que asuman mayor responsabilidad directa en materia de seguridad, aun cuando los recursos disponibles sean limitados y los resultados estén bajo estrecho escrutinio público y federal.
El caso de Coahuila se suma así a un patrón nacional en el que gobiernos estatales buscan mostrar capacidad de control territorial propio, en un momento en que la coordinación entre fuerzas federales y estatales se ha convertido en un tema central de la agenda de seguridad del país.
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