México opera bajo un modelo de tres niveles de gobierno —Federal, Estatal y Municipal— y una división clásica en tres poderes, pero ese andamiaje institucional está atravesando en 2026 una de sus transformaciones más profundas desde la reforma electoral de 1996, con cambios que van desde la integración del Congreso hasta el funcionamiento de la Suprema Corte y los institutos electorales estatales.
Tres niveles, un solo país
La Constitución mexicana define al país como una república democrática, representativa, federal y laica, y esa fórmula se traduce en una estructura de gobierno que opera a través de tres esferas interconectadas: el ámbito Federal, Estatal y Municipal1, cada una con competencias propias pero coordinadas entre sí.
Esta arquitectura busca dar gobernabilidad a más de 126 millones de mexicanas y mexicanos en materias como seguridad, justicia, educación, salud y desarrollo económico1. A la par de esta división vertical, el Estado mexicano mantiene la clásica separación en poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, un esquema que en los últimos dos años ha sido objeto de fuertes debates y reformas.
- Ámbito Federal: Presidencia, Congreso de la Unión y Suprema Corte
- Ámbito Estatal: gobernadores, congresos locales y poderes judiciales estatales
- Ámbito Municipal: ayuntamientos y presidencias municipales
La reforma electoral de 2026
El proceso más comentado del año es la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentada como una iniciativa de diez puntos para reconfigurar la organización de las elecciones y la representación legislativa2. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes, todos por votación directa, de los cuales 300 serán electos por mayoría relativa y 200 mantendrán la fórmula de representación proporcional.
Entre los ejes destacados están la eliminación de las listas de plurinominales, la reducción del gasto y una mayor participación ciudadana mediante el voto electrónico2. También se contemplan mayor fiscalización, voto en el extranjero, reducción de los tiempos de radio y televisión para partidos de 48 a 35 minutos diarios, regulación de inteligencia artificial, cómputos distritales, no nepotismo y no reelección.
Es algo muy racional: quien quiera ser diputado, que se vaya a buscar su voto, que quien quiera ser senador, se vaya a buscar su voto, que quien quiera ser regidor, se vaya a buscar su voto y que se presente ante la gente
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación
De la ambición nacional a la austeridad local
Aunque la propuesta original buscaba una transformación sistémica del modelo electoral, el decreto finalmente aprobado tuvo un alcance más acotado: se concentró sobre todo en la austeridad legislativa, municipal y electoral en el ámbito subnacional3. Para el Senado de la República se estableció una reducción acumulada de 15% en términos reales sobre su presupuesto a lo largo de cuatro ejercicios fiscales, tomando como base 2026.
A diferencia de una reforma similar aplicada en 2022 —que afectó específicamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México—, el decreto de 2026 opera sobre la totalidad de los organismos públicos locales electorales del país y además interviene sobre congresos locales y ayuntamientos3.
Lo que hay que saber
- Origen
La iniciativa proviene de un poder legislativo controlado por Morena, la misma coalición que gobernó primero la Ciudad de México y luego la Presidencia de la República[^3].
- Alcance
El decreto de 2026 afecta a todos los institutos electorales locales del país, congresos estatales y ayuntamientos[^3].
- Justificación legal
El gobierno se apoya en la libertad de configuración legislativa que, según la SCJN, corresponde a los congresos respecto de los institutos electorales locales[^3].
El nuevo Poder Judicial cumple un año
En septiembre se cumplió un año de funcionamiento de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera integrada por ministros surgidos de una elección popular y la primera en operar con nueve integrantes, sin Salas4. La reforma judicial fue presentada como una democratización de la justicia, con la promesa de una Corte más cercana, menos costosa y más eficiente.
El debate sobre el equilibrio entre poderes se ha intensificado en este contexto: analistas señalan que la división de poderes no solo se demuestra cuando la oposición critica al gobierno, sino también cuando las propias mayorías legislativas cuestionan y exigen cuentas al Ejecutivo, algo especialmente relevante cuando el partido de la Presidenta y sus aliados cuentan con amplias mayorías en el Congreso4.
El mapa político tras las elecciones de 2026
Las elecciones celebradas el 2 de junio de 2026 redibujaron el mapa del poder en los estados y municipios del país5, reforzando la relevancia de los niveles subnacionales de gobierno frente a la ciudadanía. A partir del 1 de septiembre, el nuevo Congreso de la Unión inició funciones bajo una amplia mayoría oficialista, lo que —según analistas— le permitirá al gobierno avanzar con rapidez en su agenda de pensiones, programas sociales y reformas energéticas, aunque también plantea el riesgo de una excesiva concentración de poder.
Comentarios